El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), intensificó durante las últimas semanas la fiscalización de viviendas sociales en distintas comunas de la Región de O’Higgins.
El despliegue busca verificar que los inmuebles entregados mediante beneficios habitacionales estén siendo utilizados por sus beneficiarios y cumplan con el propósito para el cual fueron asignados.
Las inspecciones se están desarrollando en comunas como Pichilemu, Peralillo, Paredones y Rengo, mientras se contempla la continuidad de estos controles durante las próximas semanas.
Uno de los focos de la fiscalización está puesto en detectar situaciones en que las viviendas no sean ocupadas por sus beneficiarios o hayan sido entregadas a terceros mediante arriendos o cesiones.
También se revisan eventuales casos de venta de viviendas sociales sin las autorizaciones correspondientes, además de inmuebles que estén siendo utilizados para actividades comerciales u otros fines diferentes al habitacional.
POSIBLES CONSECUENCIAS
El incumplimiento de las condiciones establecidas para este tipo de viviendas puede generar la adopción de medidas administrativas y legales. Entre las consecuencias se contempla el inicio de acciones legales y, dependiendo de las circunstancias, la restitución del subsidio habitacional.
Desde el ámbito de la fiscalización se busca resguardar que las viviendas financiadas mediante recursos públicos cumplan efectivamente con su objetivo: entregar una solución habitacional a las familias beneficiarias.
¿CÓMO DENUNCIAR?
Las personas que detecten posibles irregularidades pueden realizar una denuncia directamente ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante su plataforma oficial:
